Publicado: marzo 04, 2025
El Gobierno de El Salvador ha comenzado a implementar una serie de compromisos derivados del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual busca garantizar estabilidad fiscal, mejorar la transparencia en el manejo de recursos públicos y fortalecer el sistema financiero del país.
El primer paso se dio con la aprobación del Presupuesto General del Estado 2025, alineado con las recomendaciones del organismo, incluyendo una reducción en la masa salarial del sector público. Además, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Bitcóin, eliminando su estatus como moneda de curso legal, y una nueva Ley Anticorrupción, en sintonía con los principios del G-20 sobre divulgación de activos por parte de funcionarios públicos.
Uno de los principales compromisos asumidos es la publicación de auditorías sobre el uso de los fondos destinados a la pandemia de covid-19, así como la transparencia en las compras gubernamentales. En este sentido, el Ejecutivo deberá publicar en un sitio web los nombres y nacionalidades de los beneficiarios de adjudicaciones de contratos estatales junto con la información detallada de los mismos.
En materia de política monetaria, se adoptarán medidas para fortalecer las reservas de liquidez, elevando el requerimiento al 12% para enero de 2025 y estableciendo una acumulación gradual del 1% en activos líquidos para junio del mismo año. También se implementará un plan de recapitalización para el Banco Central de Reserva (BCR) con el respaldo del gobierno.
Otro de los compromisos clave es la reforma del sistema de pensiones. Para ello, se debe publicar una evaluación actuarial independiente y presentar una propuesta de reforma antes de febrero de 2026. Además, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá divulgar sus flujos fiscales y la deuda interna del sistema.
El gobierno también se comprometió a liquidar el fideicomiso de bitcóin conocido como Fidebitcóin y a publicar auditorías detalladas sobre su administración. Asimismo, deberá presentar una normativa específica para la gestión de criptoactivos propiedad del Estado y fortalecer la regulación de los mercados de criptoactivos mediante una nueva ley.
En el ámbito financiero, se impulsará la adopción de estándares de Basilea III para la supervisión basada en riesgos y se fortalecerá el marco legal de resolución bancaria. También se promoverá una mayor transparencia en las empresas estatales, exigiendo la publicación de información fiscal integral, políticas de propiedad y gobierno corporativo.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda deberá presentar una propuesta de presupuesto con un Marco Fiscal de Mediano Plazo, que incluya proyectos de inversión plurianuales y análisis de riesgos fiscales. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa con el FMI y fortalecer la estabilidad económica del país.
