Publicado: septiembre 12, 2024
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de El Salvador ha incrementado en 2024 el número de proyectos que se encuentran bajo reserva de información, a pesar de las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Una publicación de La Prensa Gráfica, señala que según datos disponibles, este año la institución ha agregado o renovado la reserva de cinco proyectos, acumulando un total de 16 obras protegidas bajo esta figura desde 2019. Expertos en transparencia señalan que esta práctica contradice el mandato legal y requiere de una justificación clara y específica.
Entre las obras que el MOPT ha puesto bajo reserva se encuentra la revitalización del Palacio Nacional y sus áreas circundantes. La orden de reserva, emitida el 24 de mayo, oculta toda la información relacionada con los diseños, contratos, ejecución, planos y supervisión de esta obra por un periodo de siete años. El Ministerio justifica esta decisión utilizando los literales d y g del artículo 19 de la LAIP, que permite la reserva de información que pueda "poner en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona" o "comprometer las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso".
Sin embargo, expertos como Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, critican la falta de transparencia del MOPT y sugieren que la reserva de información debe aplicarse solo en casos excepcionales y de manera justificada. "No tiene sentido mantener oculta la información cuando ya se ejecutó la obra. La reserva solo podría justificarse en la presentación de ofertas mientras dura el proceso, no más allá", argumenta Escobar.
Acción Ciudadana, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha evaluado la transparencia de las instituciones públicas en El Salvador. Su análisis revela que el nivel de transparencia del MOPT y otras entidades en proyectos de infraestructura es solo del 30%. Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, señala que "la información oficiosa debe estar disponible sin requerimiento de ningún ciudadano, y su acceso solo puede limitarse bajo criterios establecidos en la ley". López enfatiza que "no es ilegal per se la reserva de una información oficiosa, pero debe estar debidamente justificada y no tener plazos excesivos".
La falta de acceso a la información detallada de los proyectos de infraestructura ha generado críticas sobre la gestión del MOPT y su compromiso con la transparencia. A pesar de que el ministerio publica algunos datos sobre proyectos en ejecución, expertos insisten en que esta información es limitada y no cumple con los estándares legales que aseguran la rendición de cuentas al público.
El gobierno, por su parte, justifica la falta de transparencia bajo el argumento de proteger procedimientos judiciales o administrativos en curso. Sin embargo, organizaciones como Cristosal y Acción Ciudadana exigen mayor claridad en estas reservas de información, dado que estas decisiones deben basarse en "un riesgo claro y específico", como lo estipula la LAIP.
