Chavistas conformaron un grupo que viaja en camionetas blindadas, usa armas de guerra, hackea redes sociales y persigue opositores

Publicado: febrero 01, 2021

Chavistas conformaron un grupo que viaja en camionetas blindadas, usa armas de guerra, hackea redes sociales y persigue opositores

Este grupo tomó las calles de la capital del fronterizo estado Táchira. Intervienen cuentas de redes sociales, vigilan los grupos de WhatsApp y manejan bots para influenciar en las corrientes de opinión.

Las denuncias de brutales atropellos contra una pediatra y un empresario, por parte de Jesús Tamaní Bernal, un supuesto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que estaba en una comisión de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en San Cristóbal, coloca al descubierto un peligroso modus operandi de jóvenes hijos de dirigentes de la revolución bolivariana, que se han tomado las calles de la capital del fronterizo estado Táchira, en camionetas blindadas y portando armas de guerra.

Son varias las personas del Táchira, entre ellos dirigentes sociales, políticos, gremiales, periodistas, defensores de derechos humanos y gente que ha participado en alguna protesta o reclamo, quienes han recibido mensajes de ese grupo en sus teléfonos, en twitter, Facebook o Instagram, que en algunas ocasiones se hacen pasar por opositores radicales para difundir información falsa. Se consideran guerreros digitales.

Ese grupo, la mayoría de ellos jóvenes, se identifican con símbolos, pregonan ser del movimiento Anonymous, pero simpatizante del comunismo, y por ello cargan un frente 10, en alusión al Frente Décimo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Uno de los personajes vitales del grupo es conocido en el Táchira como “El Hacker”, que infiltra comunicaciones y tiene la estructura de cuentas falsas. Existen cuentas de hacker que hacen seguimiento de conversaciones de dirigentes en el Táchira.

La anarquía que se ha impuesto arropa también a los funcionarios de la Policía Nacional y de la Policía del Estado, que instala gran cantidad de alcabalas improvisadas en toda la ciudad, de manera que cada dueño de negocio, bodega o abasto son extorsionados y se ven obligados a pagar la vacuna, así como conductores o camioneros.