Publicado: marzo 17, 2025
La Casa Blanca rechazó este lunes las acusaciones de haber ignorado una orden judicial que bloqueaba la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Según la Administración, el decreto del juez federal carece de fundamento legal y fue emitido cuando los migrantes ya habían sido expulsados.
"La Administración no se 'negó a cumplir' una orden judicial", afirmó en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien insistió en que la orden "se emitió después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense".
Leavitt argumentó además que el Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente ni sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El sábado, el juez federal James Boasberg bloqueó la deportación de cinco venezolanos bajo esa normativa y amplió su alcance a otros migrantes en custodia. No obstante, la Casa Blanca justificó que la ley de 1798, no utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, le otorga al presidente facultades extraordinarias para expulsar a extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.
