Publicado: noviembre 21, 2024
El juicio de cuentas iniciado en 2021 contra el exministro de Agricultura de El Salvador, Pablo Ánliker, por la falta de respaldo en $133 millones en compras realizadas durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, ha caducado.
Así lo reportó el periódico digital El Faro, detallando que la Corte de Cuentas de la República (CCR) perdió la potestad para exigir la restitución de los fondos debido a la expiración del plazo legal para el caso.
La investigación contra Ánliker, quien estuvo a cargo de la compra de alimentos en los primeros años del gobierno de Nayib Bukele, se originó a partir de una auditoría realizada en febrero de 2021. El informe señalaba la falta de respaldo en diversas adquisiciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), incluyendo pagos a empresas que no entregaron productos completos o que no contaban con la documentación requerida.
Empresas y compras bajo cuestionamiento
Entre las principales irregularidades mencionadas en el expediente se encuentran pagos a empresas como Aroum Group, Marhel Group y Tdx Trading. En el caso de Aroum Group Inc., se reportó la ausencia de entrega de productos, específicamente leche en polvo, que nunca llegó al país. Marhel Group, una empresa mexicana, recibió un contrato de $30 millones, de los cuales $18.8 millones fueron pagados sin que existieran liquidaciones completas por dos tercios del monto desembolsado.
Otra irregularidad destacada incluye la compra de paquetes de macarrones a Tdx Trading, donde se identificó un faltante de $1,320,095.20. Además, la empresa panameña Nice Moon S.A. fue contratada por $2.5 millones para maquilar canastas de alimentos, trabajo que, según los jueces de cuentas, fue realizado en su lugar por voluntarios del Ejército.
Caducidad del caso y falta de respuesta
El juicio de cuentas contra Ánliker comenzó en agosto de 2021, pero la demora en notificar una sentencia permitió que la defensa del exministro solicitara la caducidad del proceso en 2022. Según la Ley de la Corte de Cuentas, un juicio caduca si no se concluye en un plazo de dos años, lo que deja sin posibilidad a la entidad de reclamar los fondos públicos.
La falta de respuesta de la Corte sobre el caso ha generado incertidumbre acerca de si Ánliker presentó documentos en su defensa o si el juicio simplemente caducó sin que hubiera pruebas de su parte. Esta situación ha sido cuestionada, considerando que la auditoría revelaba reparos suficientes para justificar una investigación más profunda.
Críticas y contexto político
El caso de Pablo Ánliker es solo uno de varios episodios relacionados con presuntas prácticas de corrupción durante la administración Bukele. Desde que asumió el cargo, el presidente Bukele prometió actuar contra la corrupción, incluso entre sus propios funcionarios. Sin embargo, a pesar de las investigaciones, la Fiscalía solo ha llevado a juicio a Cristian Flores, excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, mientras que el caso de Ánliker ha quedado en la impunidad.
Especialistas y ciudadanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y seguimiento en este tipo de procesos, subrayando la importancia de que la Corte de Cuentas y otras entidades encargadas de la fiscalización actúen con diligencia y rapidez para asegurar el buen uso de los recursos públicos.
