Publicado: junio 01, 2022
Este primero de junio, Nayib Bukele cumple tres años al frente del Ejecutivo marcado por una gestión que ha trastocado el sistema político y ha violentando reiteradamente los principios de la democracia en el país.
El primer gran aviso de lo que le esperaba al país Primero, sucedió el 9 febrero de 2020, cuando militarizó la Asamblea Legislativa bajo el argumento que los diputados de oposición no aprobaban un préstamo por $109 millones para su plan de seguridad.
Tan solo un mes después, un mes después, la pandemia del COVID 19 fue la excusa perfecta para llevar a cabo toda una serie de acciones autoritarias, desde ordenar el cierre de las fronteras del país dejando cientos de salvadoreños varados en distintas
regiones del mundo por la imposibilidad de retornar, confinamiento y detención de los ciudadanos que no acataran la cuarentena, incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional que declararon contrarios a la Carta Magna una serie de decretos ejecutivos que suspendían derechos fundamentales de los habitantes; y dejando sin efecto la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) lo que abrió la puerta a la malversación de fondos públicos.
La llegada de la nueva Asamblea Legislativa en mayo del 2021 dominada por el oficialismo significó la destitución de los magistrados de la Sala de
lo Constitucional y al fiscal general de la república y nombró a sus sustitutos
aplicando procedimientos contrarios a la Constitución de la República.
En tres años de gestión, Nayib Bukele ha limitado la libertad de prensa, ha influido para que la Fiscalía y los jueces procesen a adversarios políticos, ha impedido las
manifestaciones públicas en contra de su gobierno instalando retenes policiales
para que los transportes que trasladan ciudadanos no puedan llegar a San Salvador
y amenaza a organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, columnistas y a
cooperantes internacionales con procesarlos penalmente ante cualquier crítica que
hagan en contra suya, de sus funcionarios (en el Ejecutivo y el Legislativo) y de su
administración.
Este día se cumplen tres años de su mandato en medio de un régimen de
excepción, donde se han suspendido las garantías a la libre asociación,
a la defensa legal, a ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas después de
ser detenido y a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Régimen que se justificó por el alza de homicidios pero que investigaciones periodísticas como la el periódico digital El Faro, revelaron que la esta violencia que costó la vida de decenas de salvadoreños, se debió al rompimiento del pacto con grupos criminales.
Los abusos y las arbitrariedades suyas y de sus funcionarios parecen encrudecerse a medida avanza el tiempo, la finanzas del país empeoran y las relaciones internacionales con países como Estados Unidos se debilitan a diario y dentro del oficialismo ya empezaron una campaña para reelegirlo, así la ruta de El Salvador.
