Bachelet: Gobiernos no deben aprovechar pandemia para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a los gobierno a que no violen los derechos humanos con el pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia.

“Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, advirtió la Alta Comisionada. “Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más,  nada menos”, expresó Bachelet.

La funcionaria señaló además que es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo.

“Numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza excesivo, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las nomas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”, afirmó Bachelet.

“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”, declaró la Alta Comisionada.

En el documento orientativo se insiste en que, al igual que ocurre en épocas normales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.  

“Deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida”, dijo Bachelet.

Las medidas y las leyes aplicadas en algunos países contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores. Aunque las medidas que limitan la libertad de movimiento y la celebración de reuniones pacíficas son legítimas en tales circunstancias, la confianza y el escrutinio de la población son fundamentales para que dichas restricciones operen con eficacia.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.

La Alta Comisionada añadió que las medidas excepcionales o los estados de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.