Publicado: julio 15, 2024
El Gobierno de El Salvador ha incrementado en $180 millones el presupuesto destinado a indemnizaciones en diversas instituciones públicas, un movimiento que ha generado preocupación y especulaciones entre expertos y trabajadores.
Este aumento, que no requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, podría ser la antesala de una serie de despidos masivos que busca ahorrar dinero a la administración del presidente Nayib Bukele.
Según el economista Rafael Lemus, este significativo incremento en las indemnizaciones refleja la posibilidad de despidos o renuncias forzadas de miles de empleados públicos. Al mismo tiempo, se ha reducido el presupuesto para remuneraciones permanentes en $245 millones, lo que fortalece las sospechas de un ajuste en la nómina estatal.
La situación es especialmente crítica en el sector educativo, donde el presupuesto para indemnizaciones se ha incrementado en $118 millones. Esta cifra ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los docentes, quienes temen ser los principales afectados por estos recortes. En un segundo lugar, el sector salud también experimenta un aumento de $12.46 millones en su presupuesto para indemnizaciones, lo que afecta directamente a los hospitales nacionales, que han visto un incremento conjunto de $17.11 millones en esta partida.
Otras instituciones de gran impacto social, como el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONNA), el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), también presentan incrementos en sus presupuestos para indemnizaciones, con $3.78 millones, $2.48 millones y $1.81 millones respectivamente.
En total, el presupuesto programado para indemnizaciones alcanza casi los $200 millones, lo que indica que el plan inicial era destinar solo unos $20 millones a esta partida. Este incremento masivo ha generado inquietud sobre el futuro laboral de miles de empleados públicos.
Despedir para ahorrarle dinero al Estado
Economistas consultados señalan que estos despidos potenciales son parte de un ajuste fiscal que el Gobierno no había contemplado inicialmente. Este ajuste es necesario para enfrentar las actuales circunstancias económicas, incluida una emisión de bonos por $1,000 millones con una tasa de interés del 12 %, lo que implica un alto costo para el país.
Rafael Lemus ha calificado esta situación como un "caos fiscal" en el que el Gobierno se ha sumido debido a su propia política de expansión del gasto financiada con deuda. En los primeros cinco años de la administración Bukele, el gasto público ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que la economía del país. Mientras los presupuestos aprobados superaron en un 50 % a los del gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén, el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador solo creció en menos del 30 %.
En conclusión, el aumento en el presupuesto para indemnizaciones en instituciones públicas parece ser un indicio de una política de despidos masivos que podría afectar a miles de trabajadores, en un intento por ajustar las finanzas públicas y hacer frente a las crecientes obligaciones financieras del Estado.
Fuente: El Diario de Hoy
