Publicado: abril 30, 2021
La medida de la dictadura chavista, que empieza a regir el 1 de mayo y avala políticas de criminalización, viola el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
El régimen de Nicolás Maduro persigue todo lo que se oponga a él: políticos, líderes sociales, estudiantes críticos, medios de comunicación y ONGs. Estas últimas cumplen un papel de gran importancia en un país donde las instituciones no funciona y las organizaciones humanitarias suplen el papel del Estado ausente.
Este jueves, Amnistía Internacional y más de 600 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela exigieron “la derogación de una normativa administrativa que avala políticas de criminalización, persecución y cercena el derecho de las ONGs a contribuir en las soluciones de los complejos y profundos problemas del país”.
En una jugada más de la dictadura chavista para atacar las ya moribundas libertades ciudadanas, a partir del primero de mayo de 2021 todas las organizaciones de la sociedad civil venezolanas deben cumplir con las nuevas medidas decretadas.
