Publicado: septiembre 17, 2026
Afectados por el fraude en Cosavi pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare al Estado de El Salvador responsable por presuntas violaciones a las garantías y protección judicial, contempladas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El abogado de los afectados, Henry Fino, señaló que presentaron 104 demandas ante juzgados civiles para reclamar fondos que no les fueron devueltos. Según explicó, algunas fueron declaradas improponibles y otras inadmisibles, mientras posteriormente la Sala de lo Civil concluyó que la causa no era justiciable. Los demandantes consideran que estas decisiones les negaron una tutela judicial efectiva.
Los afectados también cuestionan la actuación de la Fiscalía General de la República y de instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. Además de una declaración de responsabilidad, solicitaron a la CIDH medidas de reparación y una revisión del marco regulatorio del sistema cooperativo para evitar casos similares.
El caso Cosavi se hizo público en mayo de 2024, cuando la Fiscalía anunció el procesamiento de 32 personas por un presunto fraude de $35 millones, relacionado con delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero. La SSF ha anunciado devoluciones de hasta $150,000 para afectados, aunque estos señalan que el mecanismo no contempla los recursos colocados en certificados de aportación.
