Publicado: septiembre 05, 2021
Al alto riesgo que asumen los abogados al defender a presos políticos en el régimen de Daniel Ortega, se suman los defensores de derechos humanos, los periodistas e, inclusive, los médicos. Cárcel y exilio se han vuelto frecuentes para estas profesiones.
“Ser abogado en Nicaragua es peligroso”, dice el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas. “El abuso contra los abogados ya existía, pero se magnificó a partir de abril de 2018 cuando al ciudadano se le priva de su defensa y el abogado que defiende el derecho de su cliente con energías es visto por el Estado como un enemigo”.
Cinco promotores de derechos humanos de CPDH han caído presos en estos últimos tres años. Cuatro de ellos fueron condenados y una estuvo tres meses presa sin ser llevada ante el juez. Otro organismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue proscrito por el régimen de Ortega en diciembre de 2018, sus oficinas confiscadas, y gran pare de sus funcionarios huyeron al exilio para evitar ser detenidos y seguir trabajando desde otras organizaciones.
Desde junio, al menos una treintena de periodistas han sido citados por el Ministerio Público para que respondan por las fuentes de financiamiento para su trabajo y para amenazarlos de los delitos que supuestamente estarían cometiendo conforme la recién aprobada Ley de Ciberdelitos. Cuatro de los 36 detenidos por razones políticas en este tiempo son periodistas o están relacionados con el periodismo.
El diario La Prensa, el más antiguo y último medio impreso que quedaba en Nicaragua, fue tomado por la Policía el 13 de agosto y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, encarcelado y acusado de los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero.
Desde el ejecutivo nicaragüense existe una permanente descalificación al periodismo que no está bajo su control. Chachalacos, golpistas y terroristas, son algunos de los epítetos con que la vicepresidenta Rosario Murillo suele referirse a los periodistas.
Otro gremio que se siente perseguido son los médicos. El desencuentro comenzó tras la rebelión de 2018 cuando algunos médicos decidieron atender a los heridos que salían de las protestas y que no asistían a los hospitales públicos por desconfianza o porque les cerraban las puertas.
La pandemia de Covid también se convirtió en punto de choque entre el régimen y los médicos independientes.
