Publicado: abril 15, 2020
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, justificó el nuevo decreto que obligaría a los salvadoreños a permitir el ingreso a la propiedad privada de los delegados del Ministerio de Salud para verificar la implementación de medidas sanitarias.
“Allá en el 2010, con el tema del dengue, llegaron a mi casa y no me preguntaron y solo entraron a fumigar a mi casa, pero nadie estaba hablando entonces de violaciones a derechos constitucionales. Todo el mundo tenemos claro que estamos viviendo una emergencia, estamos viviendo una pandemia y es necesario que si hay una persona con riesgo, que está enferma con COVID-19 y seguramente hemos recibido una llamada de parte de la misma familia”, declaró el funcionario en una entrevista de Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Castro explicó que ya se encuentran dando los lineamientos necesarios de como se v actuar en estos casos “Quiero explicar, no crean que va a llegar la Policía a irrumpir su casa y va a entrar, esa no es la versión, este es un tema preventivo", agregó.
Abogados señalan ilegilidad en medida
Diferntes abogados coinciden que obligar a la ciudadanía a que abran las puertas de sus casas a personal de Salud sin tener sustento legal, va en contra del Artículo 20 de la Constitución que regula la inviolabilidad de la morada.
Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, valoró que mientras no exista una orden de un juez, nadie puede obligar a un ciudadano a permitir el ingreso de personeros de Salud Pública.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, en declaraciones retomadas por el Diario de Hoy, dijo que se corren riesgos al obligar a la población a abrir sus casas al personal del Ministerio de Salud.
Señaló que eso es “atentatorio del artículo 20 de la Constitución en cuanto a la inviolabilidad de la morada. La Constitución establece una serie de supuestos que habilitan el ingreso a una casa de habitación: el consentimiento de la persona que la habita, una orden judicial, delito en flagrancia o a punto de cometerse, o grave riesgo de las personas”, subrayó Escobar.
Dentro de nuevo decreto, está contemplada la remisión del vehículo de una persona sorprendida en la calle y evaluada para cuarentena.
Además, el decreto manda a que toda persona que incumple el “resguardo domiciliar” deberá ser evaluado por el personal médico y, si se cataloga como caso sospechoso, deberá guardar cuarentena controlada por 30 días, mientras no se confirme COVID-19.
