Publicado: agosto 03, 2024
En una movida controvertida, los diputados oficialistas incorporaron esta semana $1,274 millones de deuda al Presupuesto General de la Nación 2024, obtenidos a través de la emisión de títulos valores y préstamos. Sin embargo, la distribución de estos fondos se realizó sin detallar su destino, generando preocupación y críticas sobre la transparencia del proceso.
Los $1,000 millones inicialmente incorporados se destinaron a 13 diferentes áreas dentro de las obligaciones generales del Estado. A pesar de la magnitud de esta asignación, ningún diputado proporcionó una explicación sobre el uso específico de estos recursos. La aprobación se llevó a cabo con dispensa de trámite, lo que evitó una discusión detallada en el pleno legislativo y una presentación por parte del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el presupuesto general vigente, a la unidad presupuestaria de obligaciones generales del Estado se le asignaron $141.2 millones para el ejercicio fiscal 2024. Hasta junio, el Ministerio de Hacienda había devengado $67.5 millones en 13 líneas de trabajo dentro de esta unidad, incluyendo contribuciones a organismos internacionales, devolución de la renta, pensiones del IPSFA, pago de deuda política, y seguro de vida para empleados públicos, entre otros.
Además, los fondos provenientes de una emisión de títulos valores aprobada en agosto de 2023 por $500 millones también fueron agregados al presupuesto. De esta cantidad, $204 millones se distribuyeron entre 13 instituciones estatales, con el Ministerio de Seguridad ($78.7 millones), el Ministerio de Educación ($74.4 millones) y Casa Presidencial ($20.7 millones) como los principales beneficiarios. Al igual que con los $1,000 millones, no se brindó información sobre el uso específico de estos fondos.
La última incorporación fue de $70 millones, provenientes de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina destinado a financiar el "Programa de Apoyo a la Movilidad Urbana Baja en Emisiones". De los $75 millones totales del préstamo, $5 millones se asignaron al Ministerio de Obras Públicas y $70 millones a prioridades del Ministerio de Hacienda. Este último monto también se incorporó sin explicar su destino.
La falta de transparencia y la rapidez con la que se aprobaron estas incorporaciones de deuda han generado dudas sobre la gestión financiera y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Los ciudadanos y organismos de control exigen explicaciones claras y una mayor transparencia en el uso de estos fondos para asegurar que se utilicen de manera eficiente y en beneficio del país.
