Trump ofrece negociar con demócratas, pero su secretario de Seguridad Nacional rechaza legalización general
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, descartó la posibilidad de conceder una amnistía a los inmigrantes indocumentados, pese a que el presidente Donald Trump manifestó su disposición a negociar cambios en la política migratoria con el Partido Demócrata.
Mullin aseguró este lunes 9 de noviembre que la administración estadounidense mantiene una postura firme contra cualquier amnistía general para personas que residen irregularmente en el país. El funcionario reconoció que todavía no ha discutido propuestas concretas con Trump, aunque confirmó que existen acercamientos con legisladores demócratas para explorar posibles acuerdos en materia migratoria.
Las declaraciones se producen después de que Trump admitiera que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado agresiva para algunos votantes. Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, el mandatario expresó su disposición a trabajar con los demócratas, tras las elecciones legislativas que evidenciaron el descontento de parte del electorado con las expulsiones masivas de inmigrantes.
El secretario de Seguridad Nacional sostuvo que una reforma migratoria requiere acuerdos entre republicanos y demócratas, pero estableció como condición que no incluya una amnistía. Mullin sí dejó abierta la posibilidad de discutir soluciones para los beneficiarios de DACA, programa que protege temporalmente de la deportación a personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Según explicó, cualquier mecanismo que les permita obtener la residencia permanente deberá ser aprobado por el Congreso.
La eventual negociación ocurre mientras Trump fortalece la presencia de funcionarios partidarios de una política migratoria restrictiva. Entre ellos destaca Stephen Miller, uno de los principales impulsores de las deportaciones, quien fue ascendido a jefe de gabinete. Por ahora, no existe una propuesta formal de regularización ni cambios aprobados en la legislación migratoria, por lo que las declaraciones del Gobierno no modifican la situación legal de los inmigrantes indocumentados.