Sala de lo Constitucional rechaza el veto de Sánchez Cerén a reforma contra lavado de dinero

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró constitucional la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que da autonomía funcional y técnica a la Unidad de Investigación Fiananciera (UIF).

El veto Presidencial se fundamentó en que dicha reforma es inconstitucional, por contravenir los artículos 193 ordinal 3° y 86 de la Constitución de la República, ya que, según el veto, se suprimía la referencia explícita a la dirección que el Fiscal General ejerce sobre la UIF y se otorgaba a ésta última autonomía funcional y técnica; de manera que, según se alegó en lo medular, la reforma implicaba: privación de competencias del Fiscal General en cuanto a la dirección de investigación de los delitos financieros operando la UIF de forma independiente; supresión de la competencia de la FGR sobre el ejercicio de la acción penal y la creación de la UIF como entidad autónoma dentro de la FGR.

Por su parte, la Asamblea Legislativa rechazó todos los elementos indicados en el veto Presidencial, por considerar que la reforma no suprimía ninguna competencia a la FGR, pues ésta siempre debía ejercer la acción penal y la dirección funcional en la investigación de los delitos financieros; además, la UIF no se creaba como institución autónoma, pues estaba inmersa dentro de la estructura de la FGR y sus actuaciones se encontraban bajo la supervisión del propio Fiscal General de la República.

La Sala resolvió que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, y vetada por el Presidente de la República, es constitucional, pues no implica invasión a la atribución del Fiscal General de la República de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza a favor de la UIF, porque el sentido de la autonomía funcional y técnica de ésta última se circunscribe a la generación de inteligencia financiera, y en caso de encontrar indicios de ilícitos, lo recopilado deberá ser puesto a disposición del Fiscal General de la República para que dirija la investigación respeciva.