Costa Rica inaugurará el próximo 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para aproximadamente 5,100 reclusos y destinada principalmente a personas vinculadas con estructuras criminales o consideradas de alta peligrosidad.

La presidenta Laura Fernández anunció que las instalaciones están listas y vinculó la construcción del centro con la estrategia de su Gobierno contra la inseguridad. La cárcel fue construida dentro del complejo penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, y su inauguración está prevista para las 12:30 del 14 de octubre.El CACCO contará con cinco módulos con capacidad para alrededor de 1,020 privados de libertad cada uno.

El régimen de alta contención incluirá mayores restricciones que las aplicadas en otras cárceles del país, períodos limitados fuera de las celdas y espacios de aislamiento para internos que generen disturbios.

El Gobierno costarricense plantea utilizar el centro para reforzar el control sobre personas relacionadas con narcotráfico, sicariato y otras estructuras del crimen organizado, buscando impedir que continúen coordinando actividades delictivas desde prisión. La asignación de los reclusos dependerá de los criterios técnicos y penitenciarios correspondientes.    

Un análisis de más de 2,400 intervenciones públicas de Rosario Murillo detectó una reducción sostenida de las menciones a Daniel Ortega y un creciente protagonismo de su hijo Laureano Ortega Murillo, un patrón que el autor del estudio interpreta como señales de una posible transición del poder dentro de la familia gobernante.

El estudio fue realizado por el politólogo Gil Guerra, investigador del Instituto Hudson, quien examinó 2,404 alocuciones de Murillo. Según los resultados, Daniel Ortega aparecía mencionado en el 72 % de sus intervenciones en 2024, porcentaje que cayó al 38.5 % en 2026. Laureano, por su parte, fue mencionado en 181 ocasiones, muy por encima del resto de sus hermanos.

Guerra considera que Murillo estaría buscando consolidar primero su propia posición y preparar gradualmente al público para una eventual salida de Ortega de la vida pública. El investigador plantea que Laureano podría convertirse posteriormente en su sucesor, aunque reconoció que su mayor presencia también puede explicarse parcialmente por las funciones internacionales que actualmente desempeña.

Laureano Ortega es asesor presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional y ha adquirido mayor protagonismo en las relaciones de Nicaragua con países como China, Rusia, Bielorrusia e Irán. Las conclusiones del estudio fueron presentadas el 30 de septiembre ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, pero hasta ahora el Gobierno nicaragüense no ha anunciado oficialmente ningún plan de sucesión.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso inmediato de aproximadamente $138 millones para El Salvador, luego de concluir la segunda y tercera revisión del acuerdo económico de 40 meses suscrito con el país.

El desembolso equivale a 101.96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y forma parte del programa aprobado en febrero de 2025, que contempla un financiamiento total cercano a los $1,400 millones. El FMI señaló que la actividad económica salvadoreña ha superado las expectativas y destacó avances en consolidación fiscal, reservas internacionales y liquidez.

Sin embargo, el organismo confirmó que El Salvador no cumplió algunos de los criterios de desempeño establecidos en el programa, entre ellos los relacionados con la acumulación de Bitcoin. El FMI concedió exenciones tras evaluar las medidas correctivas y los nuevos compromisos asumidos por las autoridades. Además, indicó que no se prevé una mayor acumulación de Bitcoin, salvo por donaciones documentadas.

El FMI también señaló que deberán avanzar reformas que habían sufrido retrasos, entre ellas la reforma de pensiones y la del servicio civil. El programa continuará enfocado en reducir la deuda pública, fortalecer las reservas, mejorar la transparencia y gobernanza, y disminuir la participación del Estado en actividades relacionadas con Bitcoin.

Las autoridades rusas pusieron en cuarentena un hospital y mantienen bajo vigilancia médica a las personas que tuvieron contacto con una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, quien murió tras desarrollar una neumonía cuyo origen todavía no ha sido determinado.

La mujer trabajaba en el instituto ubicado en Irkutsk y falleció la semana pasada en un hospital de Shelekhov. La instalación dejó de admitir y dar de alta pacientes, mientras su laboratorio suspendió temporalmente las pruebas rutinarias. Las autoridades calificaron el caso como sospechoso de una “infección particularmente peligrosa”.

Rospotrebnadzor, organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, informó que la paciente fue diagnosticada con “neumonía de etiología desconocida”. Según la institución, pruebas exhaustivas no encontraron microorganismos relacionados con su trabajo ni se detectaron incidentes con patógenos dentro del instituto. Entre sus contactos, dos dieron positivo a un virus asociado al resfriado común y otros dos a COVID-19.

El caso generó alarma después de que medios locales, citando fuentes no identificadas, señalaran que la mujer habría muerto de peste neumónica, una versión que no ha sido confirmada oficialmente. Estados Unidos informó que sigue de cerca la situación, mientras el Kremlin pidió evitar rumores y remitirse a la información de las autoridades sanitarias.

La deuda del Estado salvadoreño vinculada al sistema de pensiones alcanzó los $11,761.31 millones al cierre de agosto de 2026, manteniendo una tendencia al alza y acercándose a la barrera de los $12,000 millones.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), el saldo aumentó $46.93 millones solo durante agosto. En comparación con diciembre de 2025, cuando se ubicaba en $11,380.21 millones, la deuda ha crecido $381.1 millones en los primeros ocho meses del año.

El monto incluye diferentes instrumentos utilizados por el Estado para financiar obligaciones previsionales, entre ellos los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). Estos últimos fueron creados con la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022.

El incremento ocurre mientras el Gobierno prepara una nueva reforma al sistema previsional como parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Según el calendario actualizado, la propuesta deberá presentarse a la Asamblea Legislativa a finales de junio de 2027 y se buscará su aprobación antes de finalizar septiembre de ese año.

Fuente: Diario El Mundo

El Gobierno de El Salvador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma paramétrica de pensiones a finales de junio de 2027 y buscar su aprobación antes de finalizar septiembre de ese mismo año.

El nuevo calendario aparece en el memorando relacionado con la segunda y tercera revisiones del acuerdo con el FMI. La propuesta buscará fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional y mejorar la relación entre las cotizaciones realizadas por los trabajadores y las prestaciones que reciben.

La reforma también estará vinculada al pago de los intereses que el Estado dejó de cancelar durante los cuatro años de gracia acordados con las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma de 2022. Esos intereses sumarían $2,329 millones entre abril de 2023 y abril de 2027.

La presentación de una propuesta de reforma había sido programada inicialmente para febrero de 2026, pero el calendario fue modificado. El Gobierno también se comprometió a establecer límites trimestrales para la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) a partir de 2028, con el objetivo de que no superen las obligaciones correspondientes al pago de pensiones y al servicio de la deuda.

Empresarios nicaragüenses denunciaron que auditorías realizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) han derivado en reparos y multas millonarias que, según aseguran, ponen en riesgo la continuidad de sus compañías. Algunos han optado por acuerdos de pago para evitar el cierre.

Tres propietarios de empresas medianas, identificados con nombres ficticios como Eugenio, Felipe y Juan, relataron que las revisiones fiscales incluyeron cuestionamientos sobre ingresos, gastos y supuestas inconsistencias contables. Uno de ellos recibió un reparo por varias decenas de millones de córdobas y otro una sanción superior a los 20 millones de córdobas, equivalente a más de $543,000.

Los empresarios también cuestionaron las posibilidades de revertir las decisiones. Dos de ellos decidieron negociar pagos mensuales para mantener sus operaciones, mientras otro espera alcanzar un acuerdo que le permita evitar el cierre. Según sus testimonios, recurrir las sanciones implica elevados costos legales y pocas expectativas de obtener una resolución favorable.

El economista Enrique Sáenz señaló que la recaudación pública está creciendo a un ritmo superior al de la economía nicaragüense, mientras se reduce la proporción de empleadores. Los testimonios recogidos plantean preocupación entre empresarios por el impacto de las auditorías fiscales y las dificultades que, según denuncian, enfrentan para cuestionar administrativamente las sanciones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prorrogó por seis meses las funciones del actual Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Vamos, luego de que el partido no pudiera realizar las elecciones internas para renovar a sus autoridades.

El período del CEN había finalizado el viernes 25 de septiembre. Las elecciones internas no se realizaron debido a la renuncia de dos de los tres integrantes de la Comisión Electoral Permanente, situación que volvió inviable la organización del proceso.

Además de ampliar el mandato de la dirigencia, el TSE dio por inscrita una nueva Comisión Electoral Permanente. Este organismo será el encargado de organizar las elecciones internas y establecer la nueva fecha para escoger a las autoridades partidarias.

La decisión ocurre en medio de la disputa interna por la conducción de Vamos entre sectores vinculados a la actual secretaria general, Cesia Rivas, y a la diputada Claudia Ortiz, quien busca dirigir el partido. La prórroga también permitirá al CEN continuar con los procesos relacionados con la inscripción de candidaturas para las elecciones de 2027.

Más de 600 migrantes de El Salvador y otros países iniciaron una nueva caravana desde el sur de México con la intención de avanzar hacia Estados Unidos, pese al endurecimiento de las políticas migratorias y los controles implementados en la región.

El grupo salió durante la madrugada del domingo desde Tapachula, Chiapas, y está integrado principalmente por personas procedentes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Los migrantes aseguran que decidieron movilizarse en grupo ante las dificultades para obtener documentos y encontrar empleo en el sur mexicano.

Los participantes buscan llegar inicialmente a la Ciudad de México para intentar regularizar su situación migratoria y posteriormente continuar su recorrido. Algunos mantienen como objetivo alcanzar la frontera con Estados Unidos, mientras otros aseguran que permanecerían en territorio mexicano si encuentran oportunidades de trabajo.

La movilización ocurre en momentos en que Estados Unidos mantiene mayores restricciones para el ingreso irregular de migrantes. Pese a ese escenario, grupos continúan saliendo desde la frontera sur de México, donde miles de extranjeros permanecen a la espera de trámites migratorios o alternativas para continuar su recorrido.

Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción denunciaron haber sido víctimas de estafas y cobros a cambio de supuesta información sobre la situación de sus parientes dentro de los centros penitenciarios de El Salvador.

De acuerdo con testimonios recopilados por La Prensa Gráfica, personas que aseguran tener contactos dentro de las prisiones ofrecen fotografías, datos sobre el estado de salud de los detenidos e incluso supuestas gestiones para conseguir su liberación. Algunas familias afirman haber entregado desde cientos hasta miles de dólares.

Los denunciantes aseguran que la falta de información oficial sobre sus familiares crea condiciones para que terceros se aprovechen de su desesperación. En algunos casos, los estafadores proporcionarían datos reales de los privados de libertad para generar confianza antes de solicitar nuevos pagos.

Organizaciones que acompañan a familiares de detenidos advierten que estas prácticas profundizan la vulnerabilidad económica y emocional de quienes buscan conocer el estado de sus parientes. También han pedido a las autoridades investigar las denuncias y establecer mecanismos que permitan a las familias acceder a información oficial sobre las personas recluidas.

Fuente: La Prensa Gráfica

El técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, reveló que tuvo que pedir a sus jugadores que bajaran la intensidad cuando ya vencían 5-0 a El Salvador, debido a que continuaban buscando más goles y existía preocupación por posibles lesiones.

El entrenador mexicano reconoció que ni siquiera su cuerpo técnico esperaba una diferencia tan amplia. Guatemala había planteado un encuentro mucho más cerrado, pero el gol temprano de Darwin Lom cambió el desarrollo del partido y aumentó la confianza del conjunto local.

“Ya no corran”, fue la indicación que Tena aseguró haber dado cuando el marcador estaba prácticamente definido. El seleccionador explicó que sus jugadores continuaban presionando y atacando pese a la amplia ventaja, por lo que consideró necesario reducir las revoluciones pensando en los próximos compromisos.

Tena aseguró que antes del encuentro contemplaban una victoria por 1-0 o 2-0 y calificó el resultado de 6-0 como inesperado. También reconoció que El Salvador tuvo oportunidades que no logró concretar, mientras Guatemala mostró una elevada efectividad y terminó dominando anímicamente el encuentro.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez asumió la responsabilidad por la goleada 6-0 que Guatemala propinó a El Salvador en el estadio El Trébol y reconoció que el desempeño de la Selecta fue un “desastre” colectivo.

El entrenador colombiano explicó que la alineación utilizada había sido trabajada durante todo el año y negó que los cambios fueran consecuencia del partido anterior ante Martinica. Gómez evitó responsabilizar individualmente a sus jugadores y señaló que tanto el cuerpo técnico como el plantel fallaron.

“Nos tendrían que echar a todos mañana”, declaró el seleccionador, quien también dejó abierta la posibilidad de ser destituido. Gómez aseguró que el presidente de la FESFUT tiene derecho a tomar las decisiones que considere necesarias y calificó el 6-0 como un resultado que puede provocar la salida de un entrenador.

El técnico también descartó que la presencia de Nathan Ordaz hubiera evitado la goleada y reconoció la superioridad de Guatemala tanto colectiva como individualmente. “Estoy desconcertado”, concluyó Gómez después de una derrota en la que admitió que la selección salvadoreña fue superada en todos los aspectos.

El Estado salvadoreño había recibido hasta el 31 de agosto unos $100,000 por el impuesto establecido en la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que grava con un 30 % determinadas transacciones de donaciones vinculadas con organizaciones identificadas como agentes extranjeros.

El dato aparece en el informe de ejecución de ingresos del Ministerio de Hacienda, aunque el documento no especifica en qué meses se realizaron los pagos. De acuerdo con el cálculo publicado por Diario El Mundo, una recaudación de $100,000 representaría aproximadamente $333,333 en donaciones gravadas por este impuesto.

La normativa permite que algunos agentes extranjeros soliciten por un año la exclusión del pago del 30 % cuando los recursos sean destinados a proyectos de desarrollo, salud, seguridad, educación, asistencia humanitaria, tratamientos médicos, rehabilitación o iniciativas creadas mediante convenios internacionales. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Registro de Agentes Extranjeros contabilizó 1,073 inscripciones de personas sujetas a la ley.

La Ley de Agentes Extranjeros entró en vigencia el 20 de mayo de 2025 y establece obligaciones de registro y supervisión para organizaciones y personas que realizan actividades financiadas desde el extranjero. Según la publicación, desde su implementación algunas organizaciones y proyectos suspendieron operaciones.

Los ingresos tributarios y contribuciones de El Salvador alcanzaron $5,565.5 millones en los primeros siete meses de 2026, un aumento interanual de 12.5 %, equivalente a $618.4 millones adicionales, según datos del Ministerio de Hacienda.

El IVA fue la principal fuente de recaudación, con $2,518.8 millones y un crecimiento de 13.7 % respecto al mismo período de 2025. De ese monto, $1,174.1 millones provinieron de declaraciones y $1,344.7 millones del IVA aplicado a las importaciones.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) aportó $2,517.1 millones, un 11.6 % más que el año anterior. Los derechos arancelarios a la importación también aumentaron 10.1 % y alcanzaron $235.2 millones, mientras otros impuestos y gravámenes diversos crecieron 22.8 %, hasta $90.8 millones.

Al incorporar los ingresos no tributarios, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $5,772.4 millones, $640 millones más que un año antes. La cifra también estuvo $214.7 millones, o 3.9 %, por encima de lo contemplado en el presupuesto para ese período.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) de Honduras proyecta cerrar el año con ingresos superiores a los 2,000 millones de lempiras, equivalentes a unos $80 millones, recursos que respaldarán nuevas inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de sus terminales.

El gerente de la ENP, Yaudet Burbara, informó que la institución ejecutará con fondos propios inversiones superiores a los 400 millones de lempiras, alrededor de $20 millones. A estos recursos se sumarán más de $100 millones aportados por la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) para proyectos relacionados con infraestructura y operación portuaria.

Entre las medidas previstas destaca la instalación de equipos de rayos X en puntos estratégicos de control, incluyendo puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. La tecnología permitirá fortalecer la inspección de mercancías que ingresan y salen del territorio hondureño y forma parte de un proceso más amplio para actualizar los procedimientos portuarios.

Las autoridades esperan que las inversiones incrementen la capacidad operativa de las terminales, reduzcan limitaciones y acerquen los puertos hondureños a estándares internacionales de eficiencia. La modernización es considerada estratégica por el peso de estas instalaciones en el comercio exterior y en la conexión de Honduras con los mercados internacionales.