Régimen de Ortega aprueba ley confiscatoria que borra derechos a ciudadanos y abre paso a mineras extranjeras
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó por unanimidad la nueva Ley de Territorio Fronterizo, que declara como propiedad estatal la franja comprendida entre el límite internacional y 15 kilómetros hacia el interior del país, entregando el control de esta a las fuerzas armadas.
La legislación, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sustituye el régimen jurídico de fronteras aprobado en 2010 y otorga al Ejército de Nicaragua un poder especial sobre los territorios limítrofes, bajo el argumento de salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional.
Sin embargo, analistas y ambientalistas denuncian su carácter confiscatorio y alertan sobre posibles desalojos de propietarios privados y comunidades indígenas.
El artículo 2 de la ley establece que “el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”, dejando en incertidumbre jurídica a quienes poseen bienes en estas zonas. El exdiputado liberal Eliseo Núñez advierte que la medida podría ser utilizada para transferir más bienes al Ejército, afectando a agricultores, empresas de telecomunicaciones y energía.
La normativa elimina las garantías anteriores para habitantes, pueblos originarios y propietarios privados, al borrar de la ley toda mención sobre derechos adquiridos. También amplía la zona considerada inalienable del Estado de 5 a 15 kilómetros desde la línea fronteriza, lo que refuerza el control militar en toda la franja.
Por su parte, el diputado oficialista Edwin Castro justificó la ley afirmando que busca “evitar las transacciones ilícitas del crimen organizado”, y negó que afecte a los nicaragüenses que habitan en la región.
No obstante, el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, denunció que la nueva normativa facilitará concesiones mineras en áreas protegidas cercanas a Costa Rica, favoreciendo intereses extranjeros, especialmente de la empresa china Thomas Metal, que recientemente recibió tres concesiones.
Además, se proyecta la apertura de cuatro nuevos puntos fronterizos con Costa Rica en San Juan de Nicaragua, El Delta, Sarapiquí y Papaturro, lo que, según Ruiz, responde a una estrategia geopolítica que podría beneficiar a capitales chinos y consolidar el control militar del régimen sobre zonas estratégicas del país.