Redadas y deportaciones golpean con fuerza a migrantes salvadoreños en EE. UU.

Las recientes redadas migratorias en Estados Unidos y el aval de la Corte Suprema para deportar solicitantes de asilo a terceros países han encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de migrantes salvadoreños.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha incrementado el temor entre la comunidad salvadoreña en ese país, particularmente en ciudades como Los Ángeles, donde los operativos ya afectan la vida cotidiana.

“Todos los días vemos redadas en distintas partes de Los Ángeles. Están deteniendo incluso a personas que van a recoger a sus hijos a la escuela”, alertó la abogada salvadoreña de inmigración Cynthia Grande. Su despacho ha reportado un aumento del 64 % en consultas legales desde febrero y un 40 % adicional tras los más recientes operativos.

La Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde el 23 de junio para que el gobierno pueda deportar a solicitantes de asilo a terceros países, incluso si provienen de contextos de violencia y persecución. Para miles de salvadoreños en situación irregular o en procesos de asilo, esto representa un riesgo inminente de ser devueltos a lugares inseguros o incluso desconocidos.

En El Salvador, el director de la Asociación Agenda Migrante, César Ríos, subrayó que esta ofensiva migratoria impacta especialmente a los salvadoreños que huyen de contextos sociales y económicos precarios.

“Muchos de estos salvadoreños escapan de realidades duras. Tratar a un solicitante de asilo como si fuera un criminal es deshumanizante y peligroso”, dijo.

Ríos también advirtió sobre la intención de EE. UU. de trasladar a salvadoreños a países que no son los suyos, sin garantías claras de protección.

“Se está rompiendo con décadas de tradición de asilo. Ahora, la prioridad es disuadir y castigar al migrante, aunque su única ‘falta’ haya sido cruzar una frontera para buscar seguridad”, agregó.

Ambos expertos coinciden en que las decisiones del gobierno estadounidense y los mensajes políticos actuales solo profundizan la incertidumbre de miles de salvadoreños que viven en la sombra de la legalidad, sin acceso a un sistema que los escuche ni opciones seguras de regularización.

Fuente: La Prensa Gráfica