Oficialismo aprueba la Ley de Agentes Extranjeros: un golpe a la sociedad civil y la cooperación internacional
Con la reciente aprobación y entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, el gobierno de El Salvador ha desatado una ola de preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales, que ven en esta normativa una herramienta de control político disfrazada de regulación fiscal y administrativa.
La ley establece que toda persona natural o jurídica que reciba fondos, bienes o beneficios del extranjero y realice actividades que puedan incidir en los asuntos internos o externos del país deberá registrarse obligatoriamente como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación. Además, impone un gravamen del 30% sobre los fondos recibidos y autoriza al Ejecutivo a fiscalizar, auditar y, si lo considera conveniente, sancionar o cancelar el registro de estas entidades.
El texto legal ha sido duramente criticado por expertos en derechos humanos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil, quienes denuncian que su verdadero objetivo no es la transparencia, sino la censura y el debilitamiento del tejido democrático del país.
“Esta ley representa una criminalización encubierta de las voces críticas al gobierno. Pretende asfixiar económicamente a las organizaciones que históricamente han denunciado abusos, promovido derechos o asistido a comunidades en situación de vulnerabilidad”, señaló un representante de una ONG de derechos humanos que prefirió no ser identificado por temor a represalias.
Entre los sectores más afectados se encuentran las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en áreas como salud, educación, transparencia, medio ambiente, género, niñez, población LGBTIQ+, cultura y asistencia humanitaria. Muchas de estas dependen de fondos internacionales y ahora deberán enfrentarse a altos costos fiscales, obstáculos administrativos y un estigma político que puede poner en riesgo su credibilidad y operación.
La comunidad internacional también ha encendido las alarmas. Diversos donantes consideran que la nueva ley pone en entredicho la cooperación externa, al crear condiciones inaceptables para la transparencia y ejecución de fondos, reduciendo la capacidad de respuesta frente a crisis sociales o ambientales en el país.
Aunque el gobierno argumenta que la ley busca evitar la injerencia extranjera y regular el financiamiento externo con fines políticos, analistas apuntan a que su ambigüedad jurídica permite al Estado un amplio margen de discrecionalidad para decidir quién es un agente extranjero y quién no, abriendo la puerta a persecución selectiva.