Oficialismo abre las puertas a la corrupción al autorizar a fucionarios a ser ofertantes del Estado

La reforma a Ley de Compras Públicas aprobada por el oficilismo, permitiría que funcionarios públicos participen como ofertantes para compras del Estado si lo hacen por medio de una sociedad anónima de la que sea parte la Dirección de Obras Municipales.

Se trata de un mecanismo que permitirá a funcionarios públicos ser ofertantes del Estado, pese a la prohibición que la Ley de Compras Públicas (LCP) tiene establecido para ello.

La reforma consiste en modificar el tercer párrafo del artículo 25. En este se contemplan los impedimentos para ofertar al Estado e incluye, entre otros, a funcionarios públicos de elección popular y segundo grado, así como las personas jurídicas en las que estos formen parte.

En declaraciones para La Prensa Gráfica, Graciela Ayala Sosa, experta en compras públicas e investigadora de Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), abre la posibilidad a funcionarios para ganar contratos con la administración pública.

"Por ejemplo, la DOM puede constituir una sociedad que se llame Puentes El Salvador S. A. de C. V. con un porcentaje del 95 % y el otro 5 % puede ser un funcionario que compre esas acciones. Y totalmente, podrán ofertar a través de Puentes El Salvador, obras públicas", explicó Ayala.