Nueva Ley de Datos Personales restringirá acceso público a registros de bienes inmuebles
La Asamblea Legislativa de El Salvador dictaminó como favorables dos nuevas normativas: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas leyes fueron aprobadas por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, junto con la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), la cual se encargará de supervisar el cumplimiento de las normativas en el manejo de datos tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.
Uno de los aspectos más debatidos fue la inclusión del Centro Nacional de Registros (CNR) como sujeto obligado de la Ley de Protección de Datos, lo cual, según el secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Méndez, podría limitar la información pública relacionada con bienes inmuebles, como registros de propiedades e hipotecas. Actualmente, estos datos son de libre acceso y pueden ser consultados por la población.
Durante la discusión en la comisión, el presidente de la misma, Caleb Navarro, planteó su inquietud sobre el acceso restringido a registros públicos, ya que estos son de interés tanto para ciudadanos como para el sector empresarial. Ante esto, Méndez afirmó que el CNR será sujeto de cumplimiento de la ley, aunque algunas áreas, como seguridad pública y defensa, contarán con excepciones.
La abogada penalista Marcela Galeas expresó su preocupación sobre las implicaciones legales de esta restricción, resaltando la importancia de que la Asamblea y el CNR clarifiquen los alcances de la normativa. “Es fundamental que se especifiquen las directrices para no limitar el acceso público a información que resulta esencial en múltiples actividades, incluidas las comerciales”, dijo Galeas.
Carlos Palomo, especialista en derechos digitales, también advirtió sobre las repercusiones negativas que podrían derivarse de una interpretación restrictiva de la ley. “El acceso a registros públicos es clave para actividades comerciales que requieren transparencia en las transacciones de bienes inmuebles. Limitar este acceso podría afectar la seguridad en negocios y reducir la capacidad de la población para monitorear asuntos de interés público, incluyendo posibles patrones de corrupción”, señaló Palomo.
El acceso a los registros públicos ha sido una herramienta fundamental para que la prensa y la ciudadanía puedan fiscalizar a funcionarios, particularmente en investigaciones sobre la adquisición de propiedades. Ante la posible restricción, tanto especialistas como ciudadanos piden mayor claridad y transparencia sobre los efectos de la nueva ley en este ámbito.
Fuente: La Prensa Gráfica