Nicaragua reforma Constitución para impedir que opositores participen en elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que permitirá impedir la participación electoral de personas señaladas de promover o participar en acciones consideradas por el Gobierno como intentos de golpe de Estado, una medida cuestionada por sectores opositores.

La modificación establece restricciones para optar a cargos de elección popular a quienes sean considerados «golpistas», «traidores a la patria» o estén vinculados con acciones que, según las autoridades, atenten contra la soberanía y la independencia de Nicaragua. La oposición advierte que estas categorías han sido utilizadas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra críticos y adversarios políticos.

La reforma se produce después de que el oficialismo también modificara las reglas electorales y extendiera hasta 2029 los mandatos de 6,320 autoridades municipales, eliminando en la práctica las elecciones municipales que correspondían en 2026. El Frente Sandinista de Liberación Nacional controla actualmente las 153 alcaldías del país.

Los cambios profundizan las restricciones a la competencia electoral en Nicaragua, donde numerosos dirigentes opositores han sido encarcelados, enviados al exilio o privados de su nacionalidad durante los últimos años. Organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos consideran que las nuevas disposiciones aumentan las herramientas legales del Gobierno para excluir adversarios de futuros procesos electorales.