Investigación revela que COSAVI infló costos de construcción de agencias para justificar desvío de fondos
La Asociación Cooperativa Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI), intervenida desde el 15 de marzo por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), está siendo investigada por la supuesta manipulación de los costos de construcción y remodelación de varias de sus agencias en el país, con el objetivo de desviar fondos de los ahorros de sus más de 60,000 asociados.
Una publicación de El Diario de Hoy señala que las indagaciones preliminares apuntan a que la cooperativa firmó contratos de obra con sobreprecios de hasta el 150 %, particularmente con la empresa ARA Arquitectos, S.A. de C.V., propiedad de Marta Elisabeth Ulloa de Rallion y su hijo, el arquitecto Andrés Rafael Rallion Ulloa, quienes habrían ejecutado la mayoría de los proyectos de infraestructura de la entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que COSAVI, mediante estas obras infladas, habría facilitado un desfalco superior a los $35 millones en fondos de los ahorrantes. Este esquema habría servido como fachada para justificar egresos irregulares en las finanzas de la cooperativa, hoy bajo un proceso judicial que ya tiene 11 personas capturadas y otras prófugas.
Uno de los proyectos más ambiciosos de la cooperativa era la construcción del "COSAVI Business Center", una torre de entre 28 y 30 pisos proyectada para San Salvador, también a cargo de ARA Arquitectos. Esta obra, sin embargo, nunca pasó de la etapa inicial de planificación, pero forma parte de la lista de gastos injustificados bajo la lupa de la FGR.
El arquitecto Andrés Rafael Rallion Ulloa ha sido citado en varias ocasiones en documentos judiciales relacionados con el caso, aunque hasta ahora ha preferido no emitir declaraciones públicas sobre su papel en los hechos investigados. Tanto él como su madre estarían sujetos a restricciones migratorias y están siendo investigados por su posible participación en la red de corrupción que operó en la cooperativa.
Desde su intervención, la SSF ha informado que se realizan auditorías internas y se mantiene la continuidad de los servicios financieros con el respaldo del Instituto Salvadoreño de Garantía de Depósitos (IGD), que asegura los depósitos hasta por $10,476 por persona.
Mientras tanto, cientos de asociados continúan exigiendo claridad sobre el paradero de sus ahorros y denuncian falta de información por parte de las autoridades. COSAVI tenía presencia en múltiples departamentos del país y ofrecía servicios de ahorro, crédito y productos financieros personales, pero desde la intervención, la cooperativa enfrenta uno de los escándalos financieros más graves en los últimos años en El Salvador.
Fuente: elsalvador.com