Gobierno pretende centralizar proceso de compras de todo el Estado en una sola dependencia del Ministerio de Hacienda

Una reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pretende dejar en manos de una dependencia del ministerio de Hacienda el mecanismo de compra de todo el Estado

El Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de 12 reformas a la LACAP que buscarían además de centralizar las compras del Estado, eliminar el rol constitucional del Fiscal General en los contratos para adquirir bienes inmuebles estatales.

La reforma propone tres nuevas formas de contratar bienes y servicios estatales: Licitación Simplificada para Convenio Marco; Licitación Simplificada por Subasta Electrónica, y Baja cuantía. Las primeras dos formas de contratación no tendrían límite de fondos a utilizar y en la tercera modalidad se podría usar dinero del Fondo Circulante o caja chica para todas las eventualidades que surjan y sólo deberían entregar facturas de los gastos. (Fuente El Diario de Hoy).

Dependencia del Ministerio de Hacienda con amplias facultades

Uno de los cambios clave a la LACAP, es que la centralización del proceso de compras estatales estaría en manos de la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), una dependencia del Ministerio de Hacienda.

El jefe de la UNAC concentraría facultades como: seleccionar a contratistas; aprobar bases de licitación; realizar convocatoria pública en Comprasal; dar el resultado de los seleccionados; resolver recursos de revisión y firmar “Convenios Marco” con proveedores, entre otras amplias atribuciones atribuciones, según plasma la propuesta.

Además, la UNAC tendría la facultad de realizar un estudio de mercado y la licitación para seleccionar a los proveedores y luego firmar un convenio con los que seleccione.

Según la LACAP, vigente desde junio del año 2000 las formas de contratación que existen son: Licitación o Concurso; Libre gestión; y Contratación directa, las cuales exigen cumplir varios requisitos que evitan el gasto excesivo y sin control de los recursos del Estado, lo que estaría por cambiar si los diputados aprueban la propuesta presentada por el Ejecutivo.