Gobierno declara “secreto fiscal” información de empresas subsidiarias pese a compromiso con el FMI
Aunque el Gobierno de El Salvador se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a publicar información fiscal de las empresas estatales y sus subsidiarias, el Ministerio de Hacienda ha clasificado esos datos como “secreto fiscal”, negando el acceso público a los mismos.
Entre las compañías que siguen sin rendir cuentas están Chivo Wallet, Diario El Salvador y Constructora El Salvador.
El FMI había condicionado un desembolso de $1,400 millones al cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos la transparencia fiscal, incluyendo la publicación completa de información financiera de las empresas estatales. Sin embargo, en su informe más reciente, el organismo multilateral señaló que esta meta continúa incompleta.
Ante una solicitud formal de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Hacienda respondió que los datos fiscales solicitados son confidenciales y están protegidos por el artículo 28 del Código Tributario y el artículo 24 de la LAIP, argumentando que contienen información personal sensible.
Expertos en transparencia han cuestionado esta clasificación. Una especialista, que pidió anonimato por temor a represalias, indicó que la confidencialidad no puede ser excusa para ocultar información relevante sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de empresas financiadas con dinero estatal y bajo la lupa de organismos internacionales.
El economista Lisandro Ábrego, exjefe de misión del FMI, sostuvo que el compromiso del Gobierno salvadoreño con la transparencia es el más débil dentro del acuerdo y que el incumplimiento de este componente mina los estándares del propio FMI. “A estas alturas, esta información definitivamente no debería ser secreta”, afirmó.
Actualmente, solo siete empresas estatales han hecho públicos sus datos financieros, pero estas operan como instituciones autónomas. Las subsidiarias, al estar constituidas como sociedades anónimas, escapan al escrutinio público, lo que abre la puerta a una gestión opaca de recursos.
El caso ha puesto en entredicho el compromiso real del Gobierno salvadoreño con la transparencia y la rendición de cuentas, mientras se mantiene a la espera del segundo desembolso del acuerdo con el FMI.
Fuente: La Prensa Gráfica