Fiscalía cambia delito contra Ruth Eleonora López y genera críticas por irregularidades en el proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, por el delito de enriquecimiento ilícito, cambiando la tipificación original de peculado, una maniobra que abogados penalistas califican como anómala y sospechosa, pues podría responder a la falta de un sustento sólido para proceder judicialmente.

Según explicó el penalista Otto Flores, el delito de peculado implica el manejo indebido de fondos públicos por parte de un funcionario en funciones, mientras que el enriquecimiento ilícito se enfoca en la acumulación injustificada de patrimonio, sin requerir necesariamente la administración directa de recursos públicos. "Lo que busca la Fiscalía es adecuar algún tipo de hecho que facilite la acusación, no la condena", señaló.

Por su parte, la abogada penalista Roxana Cardona indicó que en este tipo de casos el procedimiento habitual debe iniciar en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y no directamente en la vía penal como lo ha hecho la FGR. “Lo que debió hacerse es un proceso civil previo, basado en indicios de enriquecimiento sin justa causa, antes de proceder a una acusación penal”, explicó Cardona, calificando el cambio de delito como “sospechoso”.

Otra preocupación señalada por ambos juristas es la reserva total del caso, decretada por la Fiscalía, lo cual impide el acceso público a los detalles de la investigación. Cardona advirtió que esta decisión vulnera el principio de publicidad del proceso, que sirve como garantía tanto para la imputada como para la ciudadanía. “Tenemos derecho a conocer las razones por las que se fundamentan las decisiones judiciales”, añadió.

La acusación fue presentada ante el Juzgado Décimo Segundo de Paz, donde se ha programado la audiencia inicial para este miércoles 4 de junio. Ruth López, jefa de transparencia y anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida el pasado 18 de mayo y su caso ha generado una ola de reacciones por parte de organismos de derechos humanos, que lo consideran un acto de persecución política.

Fuente: La Prensa Gráfica