Fiscalía acusa al exministro de Turismo de enriquecimiento ilícito por más de medio millón de dólares
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda contra José Napoleón Duarte Durán, exministro de Turismo, y su familia por presunto enriquecimiento ilícito que asciende a $572,015.22.
La denuncia fue interpuesta este miércoles 10 de julio, tras una exhaustiva investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
José Napoleón Duarte Durán, quien se desempeñó como ministro de Turismo entre 2009 y 2014, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo en el mismo periodo, y director del Consejo Salvadoreño del Café entre 2015 y 2019, no pudo justificar 21 irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Estas anomalías incluyen depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y discrepancias entre ingresos y egresos, acumulando un total de $126,083.98 sin explicación válida.
La situación no se limita solo a Duarte. Su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, presenta cuatro irregularidades que suman $79,344.53, relacionadas con la compra de un vehículo, depósitos a plazo y diferencias entre gastos e ingresos. Además, los tres hijos del exministro también están implicados en la demanda. José Napoleón Duarte Benítez enfrenta 23 irregularidades valoradas en $218,904.74, mientras que María Cristina Duarte y Juan Carlos Duarte Benítez tienen anomalías financieras que suman $64,919.42 y $82,762.55, respectivamente. Estas irregularidades incluyen compras de autos, pagos de tarjetas de crédito y depósitos bancarios.
Ante estas evidencias, la Fiscalía solicita que Duarte sea inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público, debido a las numerosas irregularidades financieras encontradas en su patrimonio y el de su familia. La gravedad de estas acusaciones subraya la necesidad de un mayor control y transparencia en la gestión de fondos públicos por parte de los funcionarios y sus familiares.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la labor de la Sección de Probidad de la CSJ en la vigilancia de la integridad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, un mecanismo crucial para prevenir y combatir la corrupción en el país.