EE. UU. congela pagos de jubilación a salvadoreños con TPS y exige devolución de dinero
Salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos denunciaron la suspensión de sus pagos de jubilación por parte de la Administración del Seguro Social (SSA). La situación estaría relacionada con problemas administrativos en el reconocimiento de la vigencia del programa migratorio, cuya protección se extiende hasta marzo de 2027.
Algunos beneficiarios del TPS comenzaron a recibir notificaciones de la Administración del Seguro Social en las que se les informa sobre la suspensión de sus pensiones y otras prestaciones mensuales. Las cartas señalan que los afectados no cumplen con los requisitos de presencia legal exigidos para recibir estos pagos en territorio estadounidense, pese a que mantienen una condición migratoria protegida por el TPS.
Entre los casos documentados se encuentra el de Juan Cerén, un salvadoreño de 69 años que reside, trabaja y paga impuestos en Estados Unidos desde 1990. Su familia recibió una notificación sobre la interrupción de sus beneficios. En algunos casos, las autoridades también han solicitado la devolución de cantidades entregadas anteriormente, lo que ha incrementado la preocupación entre los jubilados afectados.
La controversia estaría relacionada con la falta de actualización de la prórroga del TPS en el Registro Federal estadounidense. Aunque la última extensión formal venció el 9 de septiembre de 2026, la legislación migratoria contempla una prórroga automática de seis meses cuando no se emite una decisión dentro del plazo establecido. Especialistas consideran que la ausencia de una publicación oficial oportuna podría estar provocando que algunas instituciones interpreten incorrectamente la situación migratoria de los beneficiarios.
De acuerdo con la información divulgada, la protección del TPS para los salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de marzo de 2027, lo que les permite mantener su permanencia temporal y autorización de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, la Administración del Seguro Social no ha aclarado públicamente los criterios utilizados para suspender los pagos denunciados. La situación mantiene en incertidumbre a jubilados que dependen de estas prestaciones para cubrir sus necesidades básicas.