Clientes de COSAVI no pueden retirar sus ahorroros por orden de la Superintendencia del Sistema Financiero
Decenas de personas que confiaron sus ahorros a la Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.), se vieron atrapadas en una pesadilla financiera cuando la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) impuso restricciones que les impidieron retirar su dinero, según testimonios recogidos por El Diario de Hoy.
El sábado, numerosos afectados acudieron a la agencia ubicada en el Paseo General Escalón para obtener información sobre el desfalco de 35 millones de dólares, revelado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSF el jueves pasado.
Sin embargo, aquellos que intentaron retirar los 600 dólares semanales permitidos quedaron atónitos al ser requeridos por la gerencia y otros empleados para proporcionar su número de teléfono y nombre, siendo informados de que serían contactados para conocer cuándo podrían efectuar nuevos retiros.
Róger Pérez, uno de los afectados, salió de la agencia preocupado al no poder retirar la cantidad que le correspondía. Desde marzo, COSAVI había limitado los retiros a 1,800 dólares semanales, divididos en tres transacciones diferentes. A pesar de haber seguido estas instrucciones, Róger se encontró ahora con la incertidumbre de no saber cuándo podrá disponer de su dinero.
Patricia, otra afectada, expresó su frustración al relatar que solo les informaron sobre la imposibilidad de realizar los retiros semanales autorizados, limitándose a recabar sus datos de contacto con la promesa de una posible actualización el lunes siguiente.
Estos problemas surgieron después de que la Fiscalía y la SSF revelaran investigaciones sobre un presunto desvío de más de 35 millones de dólares por parte de directivos y empleados de COSAVI, algunos de los cuales habrían transferido fondos al extranjero, principalmente a Estados Unidos y Alemania. En relación con este caso, el viernes anterior se presentaron 15 personas como presuntos responsables de delitos como lavado de dinero y defraudación a la economía pública.
Fuente: elsalvador.com